Lo positivo de las reacciones, a propósito de las resoluciones de la Conaie en su Asamblea de Ambato, es que se volvió a poner sobre el escenario político temas que estaban siendo dejados de lado, sobre todo a partir de la aprobación de la nueva Constitución, porque se consideraban cuestiones ya superadas; pero los hechos hacen ver que no.
Lo que sorprende es que muchas de las reacciones evalúan los 21 puntos de las resoluciones desde un lugar: lo institucional, el Estado-nacional; dando por sentado que aquello es una cuestión resuelta; por lo tanto ven “equívocos”, incluso amenazas a la unidad nacional en las decisiones, cuando en verdad lo que se pone en discusión es el carácter del Estado y las políticas de las autoridades públicas. Entonces, esas aseveraciones, más que argumentos, son acusaciones; es lógico que el Gobierno las sostenga, pues defiende su régimen, pero en boca de analistas políticos resulta decepcionante, da la impresión de estar escuchando debates de los años setenta u ochenta del siglo pasado.
Por otro lado, no es exagerado decir que el Gobierno, más que un debate, sostiene una sistemática campaña de desprestigio. Además de sus enlaces sabatinos y cadenas nacionales, hemos visto repetir a funcionarios gubernamentales de todo nivel y dirigentes de sus “organizaciones aliadas” en medios masivos e intervenciones en actos públicos las tres acostumbradas acusaciones: separatistas, querer construir un Estado dentro de otro Estado y de hacer juego a la derecha; algunos, de antigua militancia con los indígenas, llegan incluso a calificarlos directamente de ser ya una organización de derecha. Estas inculpaciones, igual que las anteriores, nos hacen retroceder por lo menos veinte años, cuando los gobernantes de entonces esgrimían tales cosas. Nada más faltaría que también dijeran que los indígenas son manejados por “agentes extranjeros”. Lo paradójico de esta última imputación es que se dé precisamente cuando el Gobierno acaba de hacer suyo el proyecto de compra de acciones de la empresa Cementos Chimborazo, con dineros provenientes de comuneros; ese proyecto es la iniciativa de un sector indígena asociado con la Cámara de Comercio de Guayaquil, que recibe fondos de dudosa procedencia y que promocionan el capitalismo indio en detrimento de la organización. Algunos promotores de ese proyecto son ahora funcionarios y fervientes militantes de la revolución ciudadana.
Por otro lado la vieja derecha, de manera oportunista, se lanza a decir que respaldan la anunciada movilización indígena, pero los dirigentes de la Conaie han expresado claramente que la convocatoria fue dirigida a las organizaciones populares no a la derecha y advierten que “no permitirán que los antiguos grupos de poder intenten manipular la movilización”.
De su parte a la prensa, que sigue controlada por la banca privada, le interesa escuchar la fecha del levantamiento y no el debate.
Para poder ampliar el debate de los 21 puntos es necesario reflexionar el contexto y los temas ahí contemplados no sólo desde su contenido coyuntural.
Loading ...